LAS MASCARILLAS DEJARÁN DE SER OBLIGATORIAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO A PARTIR DEL 7 DE FEBRERO.
El Gobierno pondrá fin a la obligación de llevar mascarilla en el transporte público, pero se mantendrá en los establecimientos y servicios sanitarios y para trabajadores y visitantes de los centros sociosanitarios.
La semana pasada, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció que el próximo 7 de febrero elevará al Consejo de Ministros “la propuesta de eliminar la obligatoriedad de llevar mascarilla en los transportes públicos”, atendiendo a la actual situación de estabilidad epidemiológica del COVID-19 y los informes de expertos y sociedades científicas.
¿Cuándo dejará de ser obligatoria la mascarilla en el transporte público?
Según declaraciones de la ministra de Sanidad, el fin de la mascarilla en el transporte público se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes 7 de febrero.
Previamente, esta semana, Carolina Darias convocará el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para coordinar la medida con las comunidades y ciudades autónomas, teniendo en cuenta el informe de la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta dependiente de la Comisión de Salud Pública.
La ministra también recordó que todas las decisiones adoptadas en las distintas fases de la pandemia se han consensuado en el CISNS y ha agradecido el esfuerzo y trabajo de todas las administraciones, los expertos y sociedades científicas, los profesionales sanitarios y la ciudadanía.
El sector aplaude la medida
El transporte de viajeros en autobús ha celebrado la eliminación del uso obligatorio de las mascarillas en el transporte público, una medida que el sector llevaba demandando desde hace muchos meses a la Administración, y que estaba penalización la actividad e, incluso, en algunas ocasiones, estaba generando conflictos entre los viajeros que no querían utilizarla y el personal de la empresa de transporte.
El Sector confía así en que está medida contribuya al necesario impulso del transporte en autobús, cuya demanda aún se encuentra lejos de la de 2019, con unas empresas que aún están muy afectadas por la crisis del COVID, con una gran cantidad de deuda pendiente, a lo que ahora se suma el fuerte encarecimiento de los costes, especialmente el de los combustibles.
